Entró en vigor la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México (también referida como Ley para el Control, Protección y Bienestar Animal del Estado de México y Municipios), aprobada por unanimidad en abril pasado por la LXII Legislatura local. La norma se presenta como una de las más completas del país en la materia y coloca a la entidad en una posición de referente nacional, aunque su implementación efectiva dependerá de cómo la asuman los municipios y las autoridades competentes.

Entre sus aspectos más relevantes destacan el reconocimiento explícito de los animales como seres sintientes, el endurecimiento de las sanciones penales y administrativas por maltrato y crueldad, la creación de un Registro Único de Animales de Compañía, el impulso a la adopción responsable y la posibilidad de que los delitos de crueldad animal se persigan de oficio.

Reconocimiento como seres sintientes y obligaciones básicas

La ley deja atrás la visión de los animales como simples objetos o bienes. Reconoce que sienten, sufren y tienen conciencia, por lo que merecen respeto, cuidado y protección durante toda su vida. Establece las “cinco libertades” del bienestar animal: libres de hambre y sed, de miedo y angustia, de incomodidades físicas o térmicas, de dolor, lesiones o enfermedades, y libres de expresar su comportamiento natural.

Los dueños o responsables tienen la obligación legal de proporcionar alimentación adecuada, agua limpia, atención médico-veterinaria (incluyendo vacunación y esterilización), alojamiento digno y auxilio en caso de enfermedad o lesión. Cualquier acto que cause sufrimiento injustificado puede derivar en sanciones.

Registro Único de Animales de Compañía

Uno de los pilares operativos de la norma es la creación de un Registro Único (o Padrón de Animales Domésticos del Estado de México), que será obligatorio para quienes adquieran o adopten animales de compañía.

Este padrón, que administra la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) u la instancia que determine el Ejecutivo, generará una Clave Única de Registro que deberá plasmarse en una placa visible en el collar o arnés del animal.

Sus objetivos declarados son identificar mascotas extraviadas para facilitar su regreso, reducir el abandono y la tenencia irresponsable, crear un censo oficial y fortalecer la trazabilidad en casos de maltrato o venta irregular. El registro es gratuito y busca también dar seguimiento a adopciones y ventas.

Endurecimiento de sanciones por maltrato y crueldad

La ley eleva las consecuencias para quienes cometan actos de maltrato o crueldad. Incluye multas que van de 150 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) —es decir, entre aproximadamente 17,500 y 35,000 pesos— además de arrestos inconmutables de hasta 36 horas en ciertos casos.

En el ámbito penal, se contemplan penas de prisión que oscilan entre 6 meses y 6 años (con multas adicionales) por actos como zoofilia o actos eróticos sexuales contra animales, y de 3 a 6 años de prisión (más 200 a 400 días de multa) por causar la muerte mediante envenenamiento, golpes, asfixia, ahogamiento, hipotermia, ácidos u otros métodos que generen sufrimiento prolongado.

Las penas aumentan hasta en una mitad si el responsable es un servidor público encargado del manejo de animales.

También se prohíben prácticas como la venta de animales en la vía pública y el uso de animales en eventos que les causen lesiones o sufrimiento (como ciertos espectáculos o entrenamientos de agresión).

Persecución de oficio: un cambio clave

Uno de los puntos más relevantes para la operatividad de la norma es que el delito de crueldad animal puede perseguirse de oficio.

Esto significa que las autoridades (Fiscalía General de Justicia del Estado de México, PROPAEM u otras instancias competentes) deben investigar y actuar cuando tengan conocimiento de los hechos, sin necesidad de que exista una denuncia formal por parte de una “víctima” (algo imposible tratándose de un animal). Cualquier persona mayor de edad puede presentar la denuncia y las autoridades están obligadas a proceder.

Esta disposición busca evitar que muchos casos de maltrato queden impunes por falta de denuncia o por la imposibilidad práctica de que el animal “exija” justicia.

Promoción de adopción y atención a animales en situación de calle

La ley obliga a los municipios y al Estado a operar o fortalecer Centros de Control y Bienestar Animal para atender a animales abandonados, callejeros o víctimas de maltrato. Estos espacios deben realizar campañas permanentes de vacunación, esterilización y adopción, además de brindar atención veterinaria y orientación a la ciudadanía.

Se establece un plazo de 180 días para que los ayuntamientos adecuen sus reglamentos y normativas locales a esta ley de orden público e interés general.

¿Qué implica para los habitantes del Edomex?

En la práctica, los dueños de perros, gatos y otras mascotas en municipios como Toluca, Metepec, Ecatepec, Naucalpan u otros deberán registrar a sus animales en el padrón estatal. Casos de maltrato o abandono podrán ser investigados con mayor agilidad por las autoridades, ya que no dependerán exclusivamente de una denuncia formal.

La norma también fomenta una cultura de tenencia responsable y reconoce, en algunos enfoques, la noción de “familia multiespecie”, aunque su aplicación concreta (por ejemplo, en temas de divorcios o pensiones alimenticias para mascotas) dependerá de cómo la interpreten los jueces y las autoridades.

El Estado de México se autodenomina “Capital Mundial del Bienestar Animal”, una declaración que busca posicionar a la entidad a nivel nacional. Sin embargo, organizaciones protectoras y especialistas coinciden en que el éxito de la ley radicará en su difusión masiva, la creación de infraestructura suficiente para los centros de atención y la voluntad real de las autoridades municipales y estatales para aplicarla con rigor.

La norma representa un marco jurídico más robusto, pero su impacto real en la reducción del maltrato y el abandono —problemas persistentes en la entidad— se medirá con el tiempo y con la participación activa de la ciudadanía en denuncias y adopciones responsables.