La alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco (Morena), encabezó el sábado 20 de junio de 2026 la Décimo Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo, donde los nueve integrantes del Ayuntamiento aprobaron por unanimidad solicitar al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) una auditoría integral de los ejercicios fiscales 2025 y el primer semestre de 2026, además de una revisión financiera completa del municipio.

La medida, presentada por ella misma con el argumento de que “la fiscalización no se teme, se promueve”, ocurre en el momento más crítico de su administración: Enfrenta una investigación penal por presunta simulación de secuestro (autosecuestro) para encubrir un desfalco de aproximadamente 40 millones de pesos, una demanda penal contra cuatro periodistas locales por “violencia digital” y daño moral, la suspensión de sus derechos partidarios por Morena, y crecientes llamados —desde la oposición, sociedad civil y algunos sectores de su propio partido— para que se separe temporalmente del cargo.

Los hechos según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México

Según la investigación de la FGJEM, el supuesto secuestro del 31 de mayo de 2026 fue planeado desde febrero por la propia alcaldesa, su esposo José Roberto “N” y su cuñado Óscar “N”, con el objetivo de obtener un rescate de 40 millones de pesos con cargo al erario municipal y así justificar un faltante de recursos similar.

La versión oficial detalla que Nápoles Pacheco habría indicado a los supuestos secuestradores rutas para evadir cámaras de seguridad. Cuando un testigo denunció el hecho, ella habría alertado a su hermana con la frase “todo se salió de control” para suspender la operación. Menos de una hora después del supuesto plagio, “escapó” y fue rescatada en un camino de terracería.

La Fiscalía ejerció acción penal contra seis personas por el delito de simulación de secuestro. Tres presuntos “secuestradores” fueron detenidos el 11 de junio en Oaxaca. El esposo y el cuñado de la alcaldesa permanecen prófugos.

Nápoles Pacheco fue citada a audiencia de imputación para el 9 de julio de 2026.

No hay orden de aprehensión en su contra hasta el momento, pero la investigación avanza con base en testimonios, mensajes y otros elementos de prueba que la Fiscalía considera sólidos.

La versión de la alcaldesa y su estrategia de defensa

Nápoles Pacheco ha negado categóricamente las acusaciones. En videos difundidos en sus redes, sostiene que fue víctima de un secuestro real, acusa a la Fiscalía de construir una “narrativa facciosa” con base en testimonios de personas que buscan beneficios procesales, y señala un propósito político orquestado desde la Secretaría General de Gobierno del Estado de México (a cargo de Horacio Duarte, operador cercano a la gobernadora Delfina Gómez) para desprestigiarla como mujer y servidora pública, en vísperas del proceso electoral municipal de 2027.

Como parte de su estrategia, impulsó la solicitud de auditoría al OSFEM (aprobada por unanimidad en Cabildo) y ha reiterado que “no tiene nada que esconder”.

Morena, sin embargo, no le dio el beneficio de la duda: la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia suspendió de manera provisional sus derechos partidarios y la separó de su cargo como presidenta del Consejo Estatal del partido en Edomex, como medida cautelar.

La demanda contra los periodistas: Un frente adicional

Paralelamente, Nápoles Pacheco presentó una denuncia penal por “violencia digital” y daño moral contra cuatro comunicadores del espacio “La Madeja Política de Tenancingo”: Ángel Ávila Calvo, Alejandro López Vázquez, Ramón Castañeda Mondragón y Arturo Escobar Sánchez. Les exige 125 mil pesos a cada uno (medio millón en total) y los citaron ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género en Metepec.

El colectivo 100 Periodistas por el Estado de México condenó la acción y la calificó como un intento de silenciar el trabajo periodístico crítico sobre el desempeño del Ayuntamiento (obras, servicios, presunto nepotismo y manejo de recursos). Este movimiento genera preocupación en organizaciones de libertad de expresión, porque utiliza figuras legales diseñadas para proteger a víctimas de violencia de género contra críticos que ejercen periodismo de interés público.

Análisis contextual 

En la historia reciente del Estado de México, los funcionarios bajo investigación penal rara vez se separan del cargo de forma voluntaria mientras no exista una vinculación a proceso firme o una sentencia. El caso de Nancy Nápoles no es la excepción: se aferra al poder utilizando las herramientas institucionales que aún controla (el Cabildo) y una narrativa de victimización política.

La aprobación unánime de la auditoría al OSFEM tiene un doble filo. Por un lado, es un movimiento inteligente que le permite posicionarse como alguien que “no teme la transparencia”. Por otro, llega después de que la Fiscalía ya revelara la existencia de un presunto desfalco de 40 millones y en un contexto donde el OSFEM ya tenía facultades para revisar las cuentas. No detiene ni influye en el proceso penal, que sigue su curso en la vía judicial.

El hecho de que Morena —el partido que la postuló— haya actuado con rapidez para suspenderla internamente debilita su relato de “persecución política total”. Sugiere que, al menos a nivel nacional y estatal, el partido prefirió marcar distancia para no cargar con el costo electoral de un caso que combina simulación de delito grave y presunto desvío de recursos.

En Tenancingo, la gobernabilidad ya está dañada. Un municipio con una alcaldesa imputada por simular su propio secuestro para justificar un desfalco millonario genera desconfianza ciudadana profunda. La demanda contra periodistas locales añade un elemento de intimidación que trasciende el caso personal y afecta el ecosistema informativo de la región.

Perspectiva a corto plazo

La audiencia del 9 de julio será un parteaguas. Si la Fiscalía logra la vinculación a proceso de Nápoles Pacheco, la presión política y social para que solicite licencia o se separe del cargo se incrementará significativamente. El resultado de la auditoría que ella misma solicitó al OSFEM (si se realiza con celeridad y transparencia) también será determinante para la opinión pública.

Mientras tanto, Nancy Nápoles Pacheco sigue al frente del Ayuntamiento. Resiste la tormenta con las herramientas que le quedan: el control del Cabildo, una narrativa de persecución y una ofensiva legal contra quienes la critican. Pero la evidencia acumulada por la Fiscalía —detenciones, prófugos cercanos, timeline de planeación y supuestas inconsistencias en su propio relato— la coloca en una posición política y jurídica extremadamente frágil.

En la política mexiquense, aferrarse al cargo hasta el final es una estrategia conocida. El verdadero costo, sin embargo, lo pagan la institución municipal y la confianza ciudadana en el ejercicio del poder público. Ese es el saldo más grave de este capítulo que aún está lejos de cerrarse.

⚖️ Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, es investigada por el presunto montaje de un secuestro para encubrir un desfalco millonario.

La edil rechaza las acusaciones y asegura que buscan desacreditarla políticamente.#FórmulaNoticias con Michelle Rivera (@michelleriveraa). pic.twitter.com/WfGkbTLlvl

— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 20, 2026

🚨 Leopoldo Espejel reporta: Morena suspendió los derechos partidistas de Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, mientras continúan las investigaciones por el presunto montaje de su secuestro. ⚖️#FórmulaNoticias con Juan Becerra Acosta (@juanbaaq). pic.twitter.com/lTOYNHAdUH

— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 20, 2026