Fuente: Sin Embargo

Las concesiones mineras –con apoyo del Gobierno– amenazan el manejo forestal sostenible de los bosques y selvas en México y la situación genera problemas ambientales y sociales en las comunidades, revela un análisis realizado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) con apoyo de Cartocrítica.

“Hoy en día, desde nuestra lectura, hay un favoritismo muy claro hacia el desarrollo de la industria minera y no se le da valor al trabajo que desarrollan las comunidades”, criticó Sergio Madrid Zubirán, director del CCMSS, en entrevista para SinEmbargo.
La investigación “Territorios forestales comunitarios amenazados por la minería en México” señala que en el país existen 64.5 millones de hectáreas de bosques y selvas, de las cuales el 22.56 por ciento está concesionado a proyectos mineros, tanto de empresas nacionales como internacionales.

El análisis aclara que el hecho de que exista una concesión no quiere decir que haya un proyecto en marcha, pero “el acto de autoridad de otorgar una concesión sobre un territorio es en sí mismo un elemento que atenta contra los derechos de los legítimos propietarios de la tierra y genera una enorme incertidumbre”.

El informe en el que participaron los investigadores del CCMSS Sergio Madrid Zubirán, Marcela Ximena Ortiz Aranda y Ariadna Ortega, con información de Cartocrítica, revela que en el país hay 895 proyectos mineros de los cuales el 44 por ciento se encuentran en áreas cubiertas por vegetación forestal, es decir, los aproximadamente 390 que están dentro de los bosques ya se encuentran en fase de exploración, desarrollo o explotación, explicó Ortiz.

Los bosques son los más afectados, ya que representan el 58 por ciento de la superficie forestal concesionada y los estados en los que se refleja el mayor daño son Jalisco, Chihuahua, Durango, Sonora, y Sinaloa, que en conjunto suman 8.4 millones de hectáreas.

Madrid Zubirán destacó que las comunidades y ejidos juegan un papel de suma importancia en la conservación y la protección de los bosques y los recursos naturales en México.

En diversas ocasiones, la organización civil ha destacado la importancia del manejo forestal comunitario, ya que actualmente, el 70 por ciento de los bosques mexicanos se encuentra precisamente bajo el resguardo de los pueblos. El informe sostiene que el país cuenta con 11 mil 843 núcleos agrarios forestales, pero 4 mil 997 de ellos tienen alguna fracción de su territorio bajo concesión.

Madrid Zubirán indicó que en la mayoría de los sitios boscosos la gente vive en alto nivel de marginación, con pocos servicios y nula atención gubernamental, por lo que además de brindar protección a los ecosistemas, realizan actividades forestales como modo de subsistencia.

“Los bosques son parte de los medios de vida de cerca de 12 millones de personas que habitan en las comunidades forestales en México y gran parte de la economía de dicho sector de la población mexicana está vinculada con las actividades forestales. El bosque proporciona una extensa gama de productos que pueden ser aprovechados, entre ellos, plantas medicinales, madera para construcción, resina para la producción de tíner y pintura, entre otros”, señaló.

El marco legal, en teoría, obliga a las autoridades mexicanas a respetar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, no obstante, en la práctica, las mineras y el propio Gobierno impulsan proyectos mineros sin importar que se vulneren sus derechos.

Por otro lado, la Ley Minera está redactada en favor del desarrollo de la minería, sin tomar en cuenta otros elementos como es el cuidado del medio ambiente y el respeto a los derechos de los dueños de las tierras, en este caso, las comunidades, reprochó el líder del Centro Civil.

“El Gobierno Federal ha hecho todo en favor del desarrollo minero, pensando en los beneficios para la economía nacional, pero sin tomar en cuenta los enormes impactos negativos ambientales y sociales que pueda tener en las regiones. Las administraciones de los señores [Vicente] Fox, [Felipe] Calderón y [Enrique] Peña Nieto parecerían una continuidad. Particularmente en estos 17 años, a partir del 2000 que se emprende esta política en favor del desarrollo de la minería, sin importar los impactos que puedan causar en el medio ambiente y en las comunidades campesinas”, recriminó.

ÁREAS NATURALES ¿PROTEGIDAS?

A la fecha, destaca el análisis, las autoridades impulsan políticas públicas desarticuladas que no permiten “avanzar genuinamente hacia la sustentabilidad”, ya que las concesiones mineras se empalman incluso con Áreas Naturales Protegidas (ANP), con predios que reciben un Pago por Servicios Ambientales (PSA) o con territorios que tienen aprovechamiento forestal maderable (AFM).

En territorios de ANP federales, por ejemplo, hay 2 mil 521 concesiones mineras; 3 mil 742 en áreas de AFM; mientras mil 243 en predios con PSA.

Al respecto, Madrid Zubirán declaró que es notoria una política pública “sin un proyecto y sin coordinación hacia el sector rural: Por un lado, hay un esfuerzo gubernamental por el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales, pero de manera paralela, toma mucha más velocidad el otorgamiento de concesiones. Vemos como sociedad acciones contradictorias en el cuidado del medio ambiente”.

En el mismo sentido, la investigadora Ortiz Aranda criticó que “mientras en un lugar el Gobierno está promoviendo pago por servicios ambientales y que haya un aprovechamiento forestal, por el otro está entorpeciendo el trabajo de las comunidades [con el otorgamiento de concesiones mineras]”.

Ante este panorama, subrayó la enorme importancia que tienen los bosques, debido a la biodiversidad que albergan y a la función que desempeñan en retienen y almacenar bióxido de carbono, con lo que contribuyen a mitigar el cambio climático.

Finalmente, Madrid Zubirán aseguró que el próximo Gobierno mexicano tiene los siguientes retos por desafiar:

• Establecer mecanismos que le permitan a los ejidos y comunidades forestales acceder a información pertinente y oportuna con la que puedan tomar decisiones informadas sobre su territorio.

• Avanzar hacia la modificación del artículo sexto de la Ley Minera, de tal manera que se elimine el carácter preferente de dicha actividad.

• Generar en las instituciones gubernamentales el compromiso de impulsar políticas públicas y actos de autoridad para las regiones forestales de manera articulada y coordinada, siguiendo principios de respeto a los derechos de las comunidades, sustentabilidad ambiental y uso sostenible de los recursos naturales.

• La obligatoriedad del cumplimiento del principio de “consentimiento, libre, previo e informado” para la realización de cualquier proyecto extractivo en territorios ejidales y comunitarios.

http://www.sinembargo.mx/17-11-2017/3352310