La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) presentó una propuesta preliminar para aplicar un arancel adicional del 10% a las importaciones provenientes de México y otros 13 socios comerciales (incluyendo a Canadá, el Reino Unido y la Unión Europea). La medida se deriva de una investigación bajo la Sección 301 de su Ley de Comercio, centrada en la presunta falta de controles eficaces para impedir la entrada de productos fabricados con mano de obra forzada.

El gobierno estadounidense señala a un total de 60 economías por no prohibir ni frenar la importación de bienes producidos con trabajo forzoso en terceras naciones, lo que, según la USTR, genera una competencia desleal para los trabajadores de EE. UU.

El plan contempla dos niveles de castigo. Un gravamen del 10% a los socios estratégicos de primer nivel (como México) y un arancel del 12.5% a las 46 economías restantes bajo investigación (incluyendo a China, Japón e India).

Se trata de una propuesta preliminar, no de una medida definitiva. El proceso legal en EE. UU. exige abrir un periodo para recibir comentarios públicos y revisar los argumentos de los países afectados antes de emitir un fallo final.

La Secretaría de Economía (SE) de México emitió un comunicado informando que ya trabaja en coordinación con las autoridades de EE. UU. para presentar la defensa técnica y legal necesaria que evite la imposición de estas tarifas.

Asimismo, la dependencia mexicana aclaró que este movimiento de la USTR responde a una estrategia de la Casa Blanca para sustituir aranceles previos que están por expirar o que fueron bloqueados por sus propios tribunales:

1. Los gravámenes de la ley IEEPA, que fueron invalidados por la Suprema Corte de EE. UU.
2. Los aranceles de la Sección 122, que vencen formalmente el próximo 24 de julio de 2026.