El Congreso del Estado de México analizará las iniciativas presentadas por separado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el diputado Octavio Martínez Vargas (morena) para expedir una nueva Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX). Ambas propuestas coinciden en ampliar la participación de la comunidad universitaria en los procesos electorales internos y avanzar hacia la gratuidad de los servicios educativos.

La iniciativa de la gobernadora, presentada por la diputada Brenda Colette Miranda Vargas (morena), fue aprobada por el Consejo Universitario el 17 de julio tras un proceso de consulta con estudiantes y personal académico y administrativo. El documento reproduce íntegramente los términos aprobados por la UAEMEX, sin modificaciones del Ejecutivo. Entre sus puntos principales está que la persona titular de la rectoría sea elegida por mayoría de votos mediante sufragio personal, directo, libre y secreto de cada integrante de la comunidad universitaria. Los votos se contabilizarían por sector (alumnado, personal académico y administrativo), conforme a la ponderación del Estatuto Universitario, y el nombramiento lo otorgaría el Consejo Universitario con base en el informe del nuevo Órgano Electoral Universitario, que tendría autonomía técnica, operativa y de gestión para organizar, vigilar y validar los procesos electorales de la rectoría, direcciones de espacios académicos y consejeras y consejeros.

La ley vigente, de 1992, establece que el Consejo Universitario elige a la rectora o rector por mayoría de votos, previa opinión de la comunidad a través de procesos de auscultación cualitativa y cuantitativa. La propuesta también contempla representación con voz y voto en el Consejo Universitario de los centros universitarios y unidades académicas profesionales (actualmente solo tienen representación efectiva preparatorias, facultades e institutos).

Sobre la gratuidad, prevé la eliminación progresiva de los cobros por inscripción y reinscripción, en términos de la Ley General de Educación Superior, mediante un plan de acción de transición gradual que no afecte los fines de la institución ni ponga en riesgo sus finanzas. También crea un Sistema de Ética y Justicia Universitaria, independiente, para prevenir, conocer, resolver y sancionar faltas bajo un marco de mediación, conciliación y justicia restaurativa.

Otros aspectos relevantes incluyen reconocer a la educación y la ciencia como bienes públicos y derechos humanos; promover la investigación con pertinencia social, acceso abierto y diálogo de saberes que valore los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios; establecer que el uso de inteligencia artificial es responsabilidad de quien la utilice y no puede reemplazar el trabajo personal, el razonamiento crítico ni la ética académica; y incorporar el bienestar y cuidado universitario integral (salud física y mental, seguridad, cultura física, salud alimentaria y convivencia libre de violencias) como eje transversal.

El Consejo Universitario se conformaría bajo el principio de paridad (igualdad numérica entre alumnado y personal académico). Se añadirían requisitos para ser rectora o rector y titulares de espacios académicos, como no estar sancionada por responsabilidad universitaria o administrativa, no tener condena firme por delito doloso que amerite prisión, no estar inscrita en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y presentar un plan de trabajo. La propuesta incluye disposiciones para remoción, sustitución y encargados, así como la obligación de que el Consejo Universitario expida el Estatuto Universitario en un plazo no mayor a 365 días. Las autoridades actuales continuarían hasta el término de su periodo. El Congreso deberá realizar las adecuaciones presupuestales necesarias, considerando recursos en el presupuesto universitario para el ejercicio 2027, con implementación progresiva.

Por su parte, la iniciativa del diputado Octavio Martínez Vargas plantea la elección universal, libre, secreta y directa de las autoridades universitarias, bajo principios de legalidad, certeza, imparcialidad, equidad, independencia, objetividad, máxima publicidad y paridad de género. Propone el voto ponderado, en el que el sufragio del sector estudiantil tendría un peso equivalente al doble del correspondiente al personal académico o administrativo. También busca ampliar la representación del alumnado y del personal académico en el Consejo Universitario, avanzar en la eliminación progresiva de cuotas, establecer la alternancia de género en la rectoría y direcciones, y garantizar paridad en órganos colegiados.

Incluye presupuesto participativo, autonomía técnica para la Defensoría de los Derechos Universitarios, un catálogo de derechos universitarios (libre asociación, protesta pacífica, manifestación de ideas y participación informada), la prohibición expresa de discriminación, facultades del Consejo para ordenar auditorías internas y recibir informes públicos, así como auditorías externas obligatorias y periódicas. Considera faltas graves el acoso sexual, hostigamiento, violencia de género, corrupción o conflicto de interés, e integra la sostenibilidad financiera y la vinculación con la sociedad como principios.

Además, propone una reforma a la Constitución estatal para establecer que la UAEMEX tiene la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma bajo principios de democracia, humanismo, legalidad, equidad de género, inclusión, justicia social, derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas. También plantea reformar la Ley de Educación estatal para que cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas de universidades autónomas cuente con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad y órganos de gobierno, con una respuesta explícita de su máximo órgano colegiado. El Congreso remitiría las iniciativas a la rectoría para su difusión y análisis, y el máximo órgano colegiado formularía un dictamen fundado y motivado que se enviaría de vuelta al Legislativo, sin menoscabar la autonomía universitaria.