Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, permitieron identificar un complejo entramado criminal que operaba en agravio de propietarios de Centros de Verificación Vehicular y de los ciudadanos que acuden a cumplir con el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria.

El Estado de México tiene un padrón de más de 7 millones de vehículos sujetos a verificación semestral y cuenta con 163 verificentros y 878 líneas en operación. La Fiscalía aún determina cuántos de esos centros fueron víctimas del esquema.

Denuncias ciudadanas e indagatorias de campo y gabinete apuntan a la probable intervención de servidores públicos en activo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible —sobre todo quienes autorizan licencias, permisos y revalidaciones—, así como de ex servidores públicos y particulares.

El entramado operaba al menos desde diciembre de 2023. Imponía cuotas por el número de verificaciones, por cada “línea” y por otras actividades. Para cubrir esas exigencias, algunos concesionarios trasladaron parte del costo a los usuarios, lo que proliferó los “pagos por brincos” (evitar la multa cuando el vehículo no pasa o verifica extemporáneamente).

Las autoridades ambientales utilizan el Sistema Automatizado de Emisión y Control de Hologramas de Verificación Vehicular (SAECHVV), que analiza en tiempo real emisiones y actividades. La investigación estableció que el factor humano vulnera el sistema: puede desactivarse y reactivarse con fines delictivos desde el Centro de Control de la Secretaría. Los cierres remotos por “irregularidades” —un logotipo despintado, equipos no actualizados o desfases en video— podían durar horas, días o meses y servir de pretexto para nuevas cuotas.

Otro mecanismo de presión era limitar la venta de hologramas. Al agotar los engomados autorizados, el verificentro dejaba de operar hasta que se cubría la cuota.

El 23 de diciembre de 2023, el hoy vinculado a proceso Raúl “N”, entonces Director General de Control de Emisiones Atmosféricas, convocó a dueños, encargados y apoderados a una reunión en un restaurante de la Ciudad de México. Según testimonios, les dijo que “a partir de hoy hay una nueva forma de trabajar y cada verificentro tiene que pagar 200 mil pesos mensuales”, aun con documentos en regla. Ante el temor de bloqueos, falta de hologramas o no revalidar, algunos aceptaron cuotas de entre 30 y 100 mil pesos.

En febrero de 2024 exigieron un pago “retroactivo” de 162 mil 500 pesos por cada centro, “porque los dejaron trabajar sin problemas de octubre a diciembre de 2023”.

Carlos Eduardo “N” habría exigido la devolución de revalidaciones ya autorizadas y, ante la negativa, advirtió represalias.

Posteriormente impusieron cuotas por revalidación según el número de líneas. El entramado pretendía juntar una bolsa de 430 millones de pesos extras a más tardar en noviembre de 2026. En marzo de 2026, Raúl “N” habría enviado el mensaje: “avísales a los demás que tienen que pagar las revalidaciones… 500 mil pesos por cada línea”.

Los recursos se entregaban en efectivo, con cita previa o código QR, en oficinas de Bosques de las Lomas (Miguel Hidalgo) y domicilios de Cuajimalpa, en la Ciudad de México.

Con presión y amenazas, el grupo obligó a algunos concesionarios a ceder un porcentaje de sus empresas. Obstaculizaban revalidaciones, ocultaban plazos y otorgaban concesiones por periodos cortos (6 a 12 meses). Usaron al menos dos razones sociales y decían contar con “protección de políticos”. También pretendían modificar concesiones de agencias automotrices para ofrecer servicio al público.

Las amenazas incluían daño a la familia. Un mensaje recabado en sede ministerial advierte, en términos explícitos, que si no cumplían “te va a cargar la v…”, que saben de su familia y que “te vas a morir pero primero nos c… a tu familia”.

Entre el 10 y el 14 de agosto, la Fiscalía aseguró cinco verificentros: dos en Nezahualcóyotl y los restantes en Almoloya de Juárez, Coacalco y Tlalnepantla. También cateó oficinas de la Secretaría en Tlalnepantla y Metepec.

Raúl “N” y Carlos Eduardo “N” fueron detenidos el 10 de agosto (el primero en Acapulco, el segundo en la Ciudad de México) por la FGJEM, la SSPC y la Guardia Nacional. El 16 de agosto fueron vinculados a proceso: el primero por extorsión agravada y el segundo por abuso de autoridad. Permanecen en prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario de Chalco.

El Código Penal vigente prevé hasta 70 años por extorsión y hasta 9 años por abuso de autoridad. Deben considerarse inocentes en tanto no exista sentencia condenatoria.