La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, la Guardia Nacional y las Fiscalías Generales de Justicia de Guerrero y de la Ciudad de México, cumplimentó este lunes órdenes de aprehensión en contra de dos servidores públicos de la Secretaría del Medio Ambiente estatal por su probable participación en una activa red de extorsión en agravio de propietarios de Centros de Verificación de Emisiones (Verificentros) y estaciones de servicio de combustible.

Los detenidos son Raúl Piña Horta, director general de Control de Emisiones Atmosféricas (también referido como Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica), capturado en la colonia Club Deportivo de Acapulco, Guerrero, y Carlos Eduardo Solares Vega, director de Control de Emisiones a la Atmósfera de la misma dependencia, detenido en Xochimilco, Ciudad de México.

De acuerdo con la FGJEM, denuncias de diversas víctimas y actos de investigación establecieron que los ahora detenidos participaban en una red extorsiva junto con otros individuos identificados como servidores públicos, ex servidores públicos y particulares.

El grupo obligaba a propietarios de Verificentros a pagar cuotas ilegales para permitirles continuar operando. En otros casos, abusaron de sus atribuciones al simular actos administrativos para despojar a los legítimos propietarios de las concesiones e incluso de la infraestructura adquirida por las propias víctimas, bajo la advertencia de que, en caso de denunciar, serían afectados o les causarían daño.

Hasta el estado actual de la investigación, se tiene acreditado que el esquema extorsivo genera recursos ilícitos por varias decenas de millones de pesos mensuales solo para no cerrar las líneas de verificación de las víctimas, cantidad que aumenta sustancialmente por las exigencias de cuotas ilícitas por la revalidación de autorizaciones.

Todos los pagos se exigían en efectivo y debían entregarse en un domicilio identificado por las autoridades.

Asociaciones del sector documentaron cobros mensuales de entre 100 mil y 250 mil pesos por Verificentro (dependiendo del número de líneas o carriles), afectando a 145 de los 168 establecimientos que operan en la entidad.

Adicionalmente, se exigieron hasta 500 mil pesos por carril para revalidar permisos de 2027.

En el caso de gasolineras y gaseros, los pagos para evitar clausuras oscilaban entre 500 mil y 800 mil pesos, con inspecciones programadas deliberadamente los viernes para amenazar con cierres durante el fin de semana.

La Fiscalía del Estado de México contactará a otras posibles víctimas para que formalicen su denuncia, ya que se tiene conocimiento de que varias no lo han hecho por temor a represalias.

Esto podría actualizar el monto de las ganancias ilícitas del esquema. Las investigaciones continúan para obtener las órdenes de aprehensión que permitan la captura de todos los involucrados.

Raúl Piña Horta fue designado en octubre de 2023, al inicio del gobierno de Delfina Gómez Álvarez.

Los señalamientos contra él habían llegado incluso a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en julio pasado, quien entonces instó a las víctimas a formalizar denuncias.