La Diputación Permanente de la LXII Legislatura convocó al Pleno a un Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones para el próximo lunes 13 de julio a las 12:00 horas, con un objetivo claro: reformar la Constitución local en materia de elección del Poder Judicial para aplazar la votación popular de jueces y magistrados hasta el primer domingo de junio de 2028.

La iniciativa, presentada por el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (Morena), presidente de la Junta de Coordinación Política, responde directamente a la reforma constitucional federal aprobada en mayo y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio de 2026, que pospuso la segunda fase de la elección judicial federal precisamente para esa misma fecha.

¿Por qué se busca aplazar la elección?

Aunque el discurso oficial habla de “fortalecer el Poder Judicial” y dar “mayor tiempo para organizar el proceso”, el fondo del asunto es más político y técnico:

• Alineación obligada con la Federación: Tras la reforma federal de 2024 y sus ajustes de 2026, los estados tienen la presión —y en muchos casos la necesidad práctica— de homologar sus calendarios electorales judiciales con el federal. Mantener una elección estatal en 2027 habría generado un desfase complicado de organizar y financiar.
• La enorme complejidad del modelo: Elegir por voto popular a cientos de jueces y magistrados no es un proceso sencillo. Requiere definir distritos judiciales electorales, diseñar boletas especiales, integrar comités de evaluación de los tres poderes y establecer mecanismos de sustitución de vacantes. Mover la elección a 2028 da más margen para evitar un proceso caótico como el que se vivió en algunas entidades en 2025.
• Control político del timing: Con Morena al frente del Congreso local a través de la Jucopo, posponer la elección permite al partido en el poder ganar tiempo para preparar estructuras, definir perfiles y coordinar mejor la operación con el gobierno federal. No es menor que la propuesta incluya la creación de una comisión coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los tres poderes del Estado, lo que podría centralizar aún más el control sobre quiénes llegan a las boletas.
• Fortalecimiento institucional selectivo: El proyecto también busca reforzar las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial en materia de evaluación y capacitación permanente de juzgadores, un punto que el oficialismo presenta como mejora, pero que también permite mayor influencia sobre la carrera judicial.

Un proceso acelerado y con pocos contrapesos

La convocatoria al periodo extraordinario llega apenas unas semanas después de que el Congreso mexiquense ya había aprobado la minuta federal de reforma judicial. Ahora se trata de aterrizar esos cambios en la Constitución local antes del plazo que, según el propio Vázquez Rodríguez, vence alrededor del 1 de agosto de 2026.

En la práctica, la mayoría morenista tiene los votos suficientes para aprobar la reforma sin mayores contratiempos. La oposición, aunque ha cuestionado en otros momentos la reforma judicial, no cuenta con la fuerza para detenerla en este momento.

El otro tema de la sesión

Además de la reforma judicial, los diputados analizarán una iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para donar un inmueble en Chimalhuacán al IMSS, con el fin de construir un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI). Un tema de corte social que contrasta con la complejidad técnica y política de la reforma judicial.

En resumen

El aplazamiento de la elección judicial en el Estado de México al 2028 no es un capricho local, sino la consecuencia lógica de una decisión tomada en la Ciudad de México: sincronizar los procesos electorales judiciales bajo el nuevo modelo de elección popular. Lo que está en juego no es solo una fecha, sino quién controla los tiempos, los mecanismos de evaluación y, en última instancia, la integración del Poder Judicial mexiquense para los próximos años.

La sesión del 13 de julio será, en los hechos, el momento en que el Congreso del Estado de México termine de subirse al tren de la reforma judicial federal.