La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) avanza en uno de los casos más relevantes de corrupción en el sector educativo mexiquense, con 10 exfuncionarios y servidores públicos procesados por su presunta participación en una red que habría comercializado y asignado irregularmente plazas docentes y administrativas, generando desvíos millonarios de recursos públicos.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el esquema operó al menos desde 2021, permitiendo el alta de decenas o centenas de personas (hasta más de 300 plazas según estimaciones) como supuestos docentes en centros inexistentes o inactivos.

Los salarios se depositaban en tarjetas bancarias controladas por la red, cuyos integrantes retiraban y repartían el dinero. El caso involucra tanto a la administración pasada de Alfredo del Mazo Maza como a la actual de Delfina Gómez Álvarez, y fue detonado por denuncias de maestros y una auditoría interna de la SECTI.

Hasta el momento, la mayoría de los 10 imputados han sido detenidos y vinculados a proceso, con prisión preventiva dictada por un juez de control.

Entre los capturados resalta Óscar Guzmán Aragón, exsubsecretario de Administración.

Sin embargo, cuatro exservidores públicos clave de la Dirección General de Personal permanecen prófugos: Rodolfo López Vives, Jaime Noé Hernández Bocanegra, Yuridia Arizmendi Calderón y Eduardo Flores Archundia, todos con órdenes de aprehensión activas.

La gobernadora Delfina Gómez ha reiterado su compromiso de “cero tolerancia” a la corrupción y una “limpia” en el sector educativo. La investigación continúa abierta, con posibles nuevas órdenes de aprehensión y auditorías en curso, en un contexto donde la venta de plazas ha sido una práctica denunciada históricamente en varios estados.

Este caso pone en evidencia los riesgos de opacidad en el manejo de la nómina magisterial y el compromiso de las autoridades por desmantelar estas redes que afectan la calidad educativa y el erario público.

La FGJEM mantiene la búsqueda de los prófugos.