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La nueva Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y aprobada por la 62 Legislatura mexiquense, amplía los derechos de la comunidad verde y oro, fortalece la democracia institucional y establece las bases jurídicas para profundizar la Transformación Universitaria, con énfasis en la inclusión, la transparencia y la retribución social.

La reforma actualiza el marco legal que ha regido a la institución desde 1992 y responde a la necesidad de adecuar su organización, funciones y mecanismos de participación a los desafíos actuales de la educación superior. Fue construida con las propuestas de la comunidad universitaria y plantea una Universidad más democrática, incluyente y vinculada con las necesidades de la sociedad mexiquense.

*Una Ley construida con la comunidad universitaria*

La iniciativa fue resultado de un proceso de consulta y diálogo que reunió aportaciones de distintos sectores de la comunidad universitaria. Entre los mecanismos de participación se realizaron siete foros regionales, tres clases magistrales y consultas mediante plataformas electrónicas, buzones de sugerencias y correos institucionales.

El proceso acumuló más de siete mil aportaciones, además de una consulta posterior que recibió dos mil 700 propuestas. Asimismo, los consejos de gobierno de los espacios académicos emitieron 52 opiniones favorables y tres con observaciones.

La iniciativa fue presentada ante el H. Consejo Universitario y aprobada por unanimidad, para posteriormente entregarse al Poder Ejecutivo estatal con miras a su presentación ante el Poder Legislativo.

Este proceso refleja una premisa central de la reforma: la transformación universitaria requiere de la participación de quienes integran la institución. La actualización normativa busca fortalecer la autonomía mediante el diálogo, la corresponsabilidad y la construcción de acuerdos, sin desvincular a la Universidad de su compromiso con la sociedad.

*Cuatro pilares para la transformación*

La nueva Ley se organiza en torno a cuatro ejes que articulan los cambios en la vida académica, los derechos universitarios, la gobernanza y la relación con el entorno.

El primero, Universidad y conocimiento, impulsa la ciencia abierta, la innovación, la inteligencia artificial y el diálogo entre distintas formas de saber. También incorpora la inclusión epistémica, con el propósito de reconocer la diversidad de conocimientos que contribuyen a comprender y atender los problemas sociales.

El segundo, Derechos y bienestar, coloca en el centro la inclusión, la igualdad sustantiva, el bienestar integral y la perspectiva de cuidados. Este enfoque busca que las condiciones para estudiar, enseñar, investigar y trabajar formen parte de una responsabilidad institucional.

El tercer eje, Gobernanza y responsabilidad, plantea fortalecer la democracia universitaria mediante una representación más amplia, mayor participación de la comunidad, transparencia y mecanismos de justicia universitaria.

Finalmente, Universidad y sociedad refuerzan la vinculación, la sostenibilidad, la cultura y la responsabilidad social. La reforma propone que el conocimiento, la ciencia y las capacidades universitarias contribuyan de manera directa al bienestar colectivo.

*Derechos y bienestar en el centro de la vida universitaria*

Uno de los cambios centrales consiste en reconocer la educación y la ciencia como derechos, además de establecer disposiciones orientadas a proteger los derechos humanos y universitarios.

La Ley incorpora principios de equidad, igualdad sustantiva, inclusión y accesibilidad universal, con atención a las personas con discapacidad y a los grupos históricamente discriminados. También contempla la libertad sindical, el cuidado de la salud física y mental, la cultura física y el deporte, así como el acceso a espacios adecuados para la convivencia.

En materia de seguridad, establece la importancia de contar con protocolos de protección ante riesgos y situaciones de violencia, además de promover una cultura de paz y condiciones de convivencia libres de violencia.

La perspectiva de cuidados se integra como parte del bienestar universitario, al reconocer que las condiciones de vida y las necesidades de las personas deben considerarse en la organización de las actividades académicas y administrativas.

*Funciones sustantivas con mayor compromiso social*

La reforma actualiza la manera en que se conciben las funciones sustantivas de la Universidad: docencia, investigación, cultura y vinculación, a las que se suman enfoques específicos sobre innovación tecnológica e internacionalización.

En el ámbito académico, propone fortalecer el pensamiento crítico, los derechos humanos, la libertad académica, la sostenibilidad y el compromiso social. Para la investigación, plantea impulsar el trabajo libre, crítico y colaborativo, la ciencia abierta y el reconocimiento de los saberes ancestrales.

La cultura y la identidad universitaria se orientan a preservar y difundir el patrimonio humanístico, científico y artístico, mientras que la vinculación busca acercar el conocimiento, la ciencia y las capacidades institucionales a las comunidades.

La innovación tecnológica incorpora el desarrollo y la transferencia de conocimientos, así como el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Por su parte, la internacionalización contempla la cooperación, el intercambio académico y la movilidad.

Con estos elementos, la reforma busca consolidar una Universidad capaz de generar conocimiento y, al mismo tiempo, convertirlo en una herramienta para atender necesidades sociales.

*Mayor representación y certeza institucional*

En materia de gobernanza, la iniciativa propone ampliar la integración del H. Consejo Universitario para incorporar una representación más extensa de los sectores académicos y estudiantiles, así como de los espacios académicos y las organizaciones sindicales.

La propuesta contempla pasar de la integración actual a un Consejo de 223 integrantes, con representación de facultades, centros universitarios, planteles de preparatoria, escuelas, unidades académicas profesionales e institutos. También prevé la incorporación inmediata de titulares de centros universitarios y unidades académicas profesionales, así como un plazo máximo de seis meses para completar la representación regional estudiantil y académica.

Otro cambio es la creación de un órgano electoral universitario con autonomía técnica, operativa y de gestión, encargado de organizar, conducir, vigilar y validar los procesos electorales para elegir a la persona titular de la Rectoría, las direcciones de los espacios académicos y las representaciones correspondientes. La propuesta establece el voto universal, secreto, vinculante y ponderado, cuya regulación específica deberá definirse en el Estatuto Universitario.

La Ley también establece disposiciones para dar certeza a los procedimientos relacionados con ausencias, licencias, suplencias y separación del cargo de la persona titular de la Rectoría, además de mantener la prohibición de la reelección y la extensión del mandato.

*Ética y justicia universitaria*

La reforma plantea un Sistema de Ética y Justicia Universitaria (SEJU), concebido para fortalecer la cultura ética, la protección de los derechos universitarios y la atención de responsabilidades dentro de la institución.

Este sistema contempla mecanismos alternativos para la solución de controversias, como la mediación y la conciliación, además de un régimen disciplinario y procedimientos para atender posibles faltas a la responsabilidad universitaria. Su diseño busca establecer vías institucionales para prevenir, conocer, resolver y sancionar conductas, con criterios de ética y justicia.

Asimismo, propone delimitar las competencias entre el Órgano Interno de Control y las instancias universitarias, de acuerdo con la naturaleza de las responsabilidades y el manejo de recursos públicos.

*Un marco jurídico para los próximos años*

La nueva Ley se estructura en siete títulos, 28 capítulos y 146 artículos, frente a los seis títulos y 46 artículos de la legislación anterior. También establece un plazo de 365 días hábiles, a partir de la publicación de la Ley, para emitir el nuevo Estatuto Universitario, instrumento que permitirá desarrollar y precisar diversas disposiciones.

En materia de gratuidad, reconoce este principio y plantea una transición progresiva, sujeta a la disponibilidad de recursos y a la responsabilidad financiera institucional.

Así, la actualización legal representa una base para profundizar la transformación de la UAEMéx en los albores de su bicentenario. Su alcance dependerá de que los principios establecidos se traduzcan en mecanismos efectivos de participación, mejores condiciones para la comunidad y acciones que fortalezcan la responsabilidad social de la Universidad.

El reto será llevar los cambios normativos a la vida cotidiana de la institución y consolidar una educación pública comprometida con el conocimiento, los derechos y el bienestar de la sociedad mexiquense.