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Las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación de la LXII Legislatura del Estado de México aprobaron el dictamen para expedir una nueva Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx). El proyecto, que sustituirá la legislación vigente desde 1992, incorpora iniciativas de las bancadas de Morena y Movimiento Ciudadano (MC), así como la de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que recoge la propuesta elaborada por la propia universidad tras un proceso de consulta a estudiantes, personal académico y administrativo.

¿Habrá voto universal para los próximos rectores?

Sí habrá sufragio personal, directo, libre y secreto de cada integrante de la comunidad universitaria para elegir a la persona titular de la Rectoría y a las y los directores de espacios académicos. Los votos se contabilizarán por sector (alumnado, personal académico y administrativo), conforme a la ponderación que establezca el Estatuto Universitario. El nombramiento lo otorgará el Consejo Universitario con base en el informe del nuevo Órgano Electoral Universitario.

El Congreso oficial ha calificado el mecanismo como “voto universal, libre, secreto y directo”. Sin embargo, diversos reportes precisan que se conserva el voto ponderado y que la ley no fija los pesos de cada sector: esa definición queda en manos de la propia universidad a través de su Estatuto. No se trata de un voto igualitario puro (un voto = un voto con el mismo peso sin distinción de sector), sino de un sufragio directo de toda la comunidad con ponderación sectorial.

Esto representa un cambio relevante respecto a la ley de 1992, en la que el Consejo Universitario elegía a la Rectoría previa auscultación (consulta cualitativa y cuantitativa) de la comunidad. La nueva norma crea un Órgano Electoral Universitario encargado de organizar, conducir, vigilar y validar los procesos.

Otros cambios destacados

• Gratuidad progresiva: Se prevé la eliminación gradual de cobros por inscripción y reinscripción conforme a la Ley General de Educación Superior, mediante un plan de acción que no ponga en riesgo las finanzas universitarias. No se fijan plazos ni fechas específicas, porque, según el diputado Rigoberto Vargas Cervantes (Morena), hacerlo sin conocer el presupuesto sería “irresponsable”.
• Consejo Universitario: Se integra con el principio de paridad (igualdad numérica entre representantes del alumnado y del personal académico). Incluye a la persona titular de la Rectoría, directoras y directores de espacios académicos, representación sindical y dos representantes estudiantiles por espacio, entre otros. Se estima una conformación de alrededor de 223 consejeras y consejeros, electos por sufragio directo de sus sectores. También se otorga voz y voto a centros universitarios y unidades académicas profesionales.
• Se crea el Sistema de Ética y Justicia Universitaria (con funciones de prevención, mediación, conciliación y justicia restaurativa, y autonomía de actuación) y un régimen disciplinario aplicable a la comunidad y órganos de gobierno. También se incorpora un sistema de bienestar (salud física y mental, seguridad, deporte, alimentación, accesibilidad y apoyo a personas en situación de vulnerabilidad).
• Requisitos más estrictos para aspirar a la Rectoría o direcciones: no haber recibido sanciones universitarias, disciplinarias o administrativas; no contar con sentencia firme por delito doloso que amerite prisión; no estar inhabilitado ni inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, y presentar un plan de trabajo.

Contexto y proceso

La ley vigente data de 1992 (34 años). El anteproyecto fue aprobado por unanimidad por el Consejo Universitario el 17 de julio de 2026, después de una consulta interna, y entregado a la gobernadora Delfina Gómez, quien lo remitió al Congreso. Se sumaron propuestas de los diputados Octavio Martínez Vargas y Gerardo Pliego Santana (ambos de Morena) y de la bancada de MC. Durante la deliberación del 28 de octubre, Morena y MC respaldaron el dictamen; las reservas de la diputada Ruth Salinas Reyes (MC) —sobre un tribunal de justicia universitaria, mayores facultades de fiscalización y la obligación de dar vista al Ministerio Público en casos de delitos— fueron rechazadas.

El PRI y el PAN se abstuvieron en comisiones y anticipan abstención en el Pleno. El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) advirtió que, sin reglas claras, se puede abrir la puerta a la discrecionalidad, la inestabilidad y la intervención política en los procesos electivos.

El dictamen será votado de manera definitiva por el Pleno legislativo. Una vez en vigor, iniciará un proceso de transición: las autoridades actuales continuarán hasta concluir su periodo, se avanzará hacia la gratuidad, se expedirá el nuevo Estatuto y se implementarán de manera gradual los nuevos sistemas y programas, de acuerdo con la suficiencia presupuestal.

La reforma busca modernizar el marco jurídico de la máxima casa de estudios mexiquense, ampliar la participación de su comunidad y actualizar mecanismos de representación y gobierno, en un contexto de demandas estudiantiles previas por mayor democracia interna y reducción de cuotas.