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La Juez de Control del Distrito Judicial de Chalco decretó la prisión preventiva justificada contra Raúl “N” y Carlos Eduardo “N”, altos funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, tras una audiencia de más de 16 horas iniciada el 12 de agosto.

Los imputados —uno por el delito de extorsión agravada y el otro por abuso de autoridad— son investigados por su probable participación en un complejo entramado delictivo en agravio de propietarios de Centros de Verificación Vehicular (verificentros) y, según las indagatorias, también de ciudadanos que acuden a cumplir con el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria.

Según el comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la audiencia de formulación de imputación se desarrolló con la intervención de tres Agentes del Ministerio Público y siete defensores particulares. La defensa argumentó ilegalidad en las detenciones e inexistencia del tipo penal, y solicitó la inmediata libertad de sus representados. La juzgadora desestimó esos planteamientos y concedió valor a lo expuesto por la Representación Social, al considerar necesario garantizar la seguridad de las víctimas y testigos, evitar la obstaculización del procedimiento y eliminar el riesgo de sustracción de los imputados.

En la misma resolución se fijó la continuación de la audiencia para el sábado 15 de agosto a las 10:30 horas, fecha en la que se resolverá la solicitud de vinculación a proceso.

Contexto del caso Raúl “N”, director general de Control de Emisiones Atmosféricas, fue detenido en Acapulco, Guerrero, y Carlos Eduardo “N”, director de Control de Emisiones a la Atmósfera, en la Ciudad de México. Ambos fueron capturados el 10 de agosto en cumplimiento de órdenes de aprehensión, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y las fiscalías de Guerrero y de la Ciudad de México.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo al que se les vincula exigía a los propietarios de verificentros el pago de cuotas ilegales —en efectivo y en un domicilio identificado— para permitirles seguir operando. En algunos casos, según la Fiscalía, se simulaban actos administrativos para despojar a los legítimos dueños de las concesiones y de la infraestructura. El esquema habría generado decenas de millones de pesos mensuales. Hasta el momento se tiene registro de al menos 15 verificentros afectados, cifra que podría aumentar conforme avancen las denuncias.

La FGJEM, con el respaldo de autoridades del Gabinete Nacional de Seguridad, continúa ampliando las indagatorias derivadas de las denuncias de diversas víctimas, en contra de los imputados, servidores y exservidores públicos, así como particulares.

Los detenidos deben ser considerados inocentes en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra. Los avances se informarán a la opinión pública conforme lo permitan las investigaciones.